Las entidades intermediarias de crédito tendrán que cumplir por ley con nuevas exigencias de transparencia si quieren continuar desarrollando su actividad.

El Consejo de Ministros aprobó ayer a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, un proyecto de ley que tiene el objetivo de regular este sector y elevar la protección del consumidor ante la proliferación de productos como las reunificaciones de deuda, que también son conocidas con el nombre de «créditos basura».

La intermediación de crédito carece en España de normativa específica, por lo que las entidades que operan en este sector tienen las mínimas obligaciones en lo que a transparencia se refiere.

Entre las obligaciones que incluye el nuevo texto que fue aprobado ayer figura el que toda entidad de intermediación tendrá que estar inscrita en dos registros públicos, uno de ámbito estatal y otro de carácter autonómico. De cara a garantizar que el consumidor reciba toda la información del producto antes de contratarlo, el texto obligará a que el consumidor reciba la documentación precontractual previamente.

Defiende también la necesidad de que las entidade faciliten al consumidor de forma destacada los tipos de interés, comisiones y gastos aplicables a cada producto.

Asimismo, la nueva normativa elaborada por el departamento que dirige Bernat Soria propone la instalación de un tablón de anuncios en cada establecimiento abierto al público, para alojar la publicidad y comunicaciones comerciales de las entidades.

Como protección «a posteriori», el nuevo texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros confiere a los consumidores la opción de anular la contratación del producto intermediado durante los catorce días posteriores a la firma del contrato.

También aboga el texto por imponer a las entidades la contratación de un seguro de responsabilidad dirigido a cubrir posibles reclamaciones de los consumidores.

Además la nueva normativa estipula que ciertos productos, como es el caso concreto de las hipotecas y las reunificaciones de deuda, deberán cumplir determinados requisitos para ser similares con independencia de la entidad que los ofrezca, al tiempo que se incluirá un régimen de infracciones y sanciones, y se regulan los ceses.

La propuesta del PSOE para otorgar a los inmigrantes el derecho al voto en las elecciones municipales tiene una salvedad importante. Los beneficiarios sólo serán los ciudadanos de aquellos Estados con los que España pueda firmar acuerdos de reciprocidad; esto es: que los españoles residentes en ellos puedan también votar en sus elecciones locales. Esa exigencia figura en el artículo 13.2 de la Constitución.

Debido a ello, sólo una parte de los 1,3 millones de inmigrantes mayores de edad que residan en España en 2011, año en el que se celebrarán los próximos comicios locales, podrán introducir la papeleta en la urna. Y la mayoría serán latinoamericanos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores reconocen dificultades para que Estados como Marruecos (del cual procede la mayor colonia de extranjeros no comunitarios) se presten a un acuerdo de ese tipo. Y menos aún los del África subsahariana u otros como Pakistán, India o China.

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, afirmó ayer en la asamblea de la patronal de industrias químicas (Feique) que la situación económica es "gravísima" y que si el Gobierno no toma las medidas adecuadas habrá 1,5 millones más de parados en los próximos doce meses.

El presidente de la gran patronal también se refirió a la reciente intervención de Rodríguez Zapatero ante el Congreso de los Diputados. En su opinión, las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno son las mismas que dio a conocer a empresarios y sindicatos en el Consejo Económico y Social el 23 de junio y que, aunque van "por buen camino", son "absolutamente insuficientes y tímidas". Con estos argumentos, Díaz Ferrán instó al Ejecutivo a que adopte nuevas soluciones que "existen y que se le han puesto encima de la mesa". "Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida "seria", ya que, según explicó, el incentivo de 3.000 millones del ICO es insuficiente para arreglar los problemas de las pymes que requieren cifras "más importantes". Aprovechó para recordar las medidas que CEOE propuso al Ejecutivo en su día y reclamó que se pongan de inmediato en marcha.

La incertidumbre económica ha hecho que la confianza de los consumidores bajara en junio por cuarto mes consecutivo y registrase otro mínimo histórico, según el Indicador de Confianza del Consumidor que elabora el Instituto de Crédito Oficial (ICC-ICO).

Así, el ICC-ICO descendió 4,7 puntos respecto a mayo y se situó en 51,7 puntos, debido principalmente a la opinión de los encuestados respecto a la situación actual, mientras que las perspectivas para los próximos meses son algo mejores.

Según el ICO, el deterioro de la confianza de los consumidores en los últimos meses refleja el actual momento económico de incertidumbre derivado de la crisis financiera y el encarecimiento del crudo, que está traduciéndose en un aumento de los tipos de interés, de la tasa inflación y un menor dinamismo de la actividad económica.

El Instituto también augura que este empeoramiento en el ánimo de los ciudadanos se traducirá en una mayor desaceleración del consumo en el próximo trimestre.

Según señaló en rueda de prensa el presidente del ICO, Aurelio Martínez, el retroceso del indicador de situación actual, que cayó en junio en 5,4 puntos, y en menor medida, el de expectativas, 4,1 puntos menos han favorecido que la confianza del consumidor registre, un mes más, su nivel más bajo.

Los españoles siguen teniendo una percepción sobre la economía en general mucho peor que la que muestran por su propia situación financiera, aunque el mes pasado el mayor retroceso, de 7,5 puntos, se produjo en este último baremo.

Además de ver ahora peor su propia situación, los consumidores también han rebajado, en cuatro puntos, su percepción sobre las posibilidades actuales de empleo.

En cuanto a las expectativas, la confianza de los consumidores en el futuro de la economía española cae cinco puntos, y la relativa a su propia situación se rebaja en seis puntos, mientras que la del empleo sólo desciende algo más de un punto.

En la rueda de prensa, Aurelio Martínez reconoció que la mayor pérdida de confianza se ha producido entre el colectivo de los más jóvenes, lo que no es habitual, y que consideró podría estar relacionado con el empeoramiento del mercado laboral y el difícil acceso a la vivienda.

Además, explicó que las peores expectativas sobre la evolución de los precios hace que aumente el temor de los consumidores a una subida de los tipos de interés, que disminuye la capacidad de ahorro de las familias y el consumo de bienes duraderos.

Por otro lado, el ICO elabora un gráfico que muestra la relación directa que está teniendo el encarecimiento del petróleo con la caída de la confianza de los consumidores. Cuanto más avanza el precio del crudo, más baja la confianza.

El presidente del Instituto reiteró que el Gobierno debe ser el encargado de transmitir confianza a la sociedad española, ya que, si se mantiene un contexto de pesimismo, se acentuarán los malos datos sobre la confianza de los consumidores.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Vive, acrónimo de Vehículo Innovador-Vehículo Ecológico, con el que pretende achatarrar cerca de 240.000 vehículos que superan los quince años de antigüedad hasta el 31 de julio de 2010, fecha en la que está prevista su desaparición.

Al final, el departamento que dirige Miguel Sebastián no ha accedido a ampliar las medidas del plan a los vehículos con más de diez años de antigüedad (suponen el 30,1% del parque total), tal y como pretendía el sector. A cambio, el programa sustituto del Plan Prever englobará no sólo a los vehículos que consuman menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, sino también a los emisores de menos de 140 gramos, aunque con la condición de que incorporen sistemas de control electrónico de estabilidad (ESP) y avisadores de cinturones delanteros. En términos industriales, el nuevo plan incentivará exclusivamente la venta de vehículos englobados en gamas media y baja de pequeña cilindrada, obviando al resto de categorías.

Frente a las deducciones fiscales que proponía el Prever, el Vive apuesta por financiar los primeros 5.000 euros del préstamo solicitado al banco a un tipo de interés 0%. Para poder acceder a esta ayuda a fondo perdido el beneficiario no podrá adquirir vehículos que cuesten más de 20.000 euros. Según sus estimaciones, el precio medio del nuevo coche rondará los 13.000 euros y el plazo del préstamo solicitado a los bancos será de cinco años, a un interés cercano al 5%, de forma que la subvención implícita equivaldrá a 1.040 euros por comprador.

Para afrontar el coste del plan el Ministerio de Industria abrirá una línea de financiación con el ICO por valor de 1.200 millones de euros, que serán distribuidos de forma desigual durante los dos años de vigencia del plan. Así, para 2008 han sido asignados 200 millones de euros, 500 millones para 2009 y otros tantos para 2010.

El achatarramiento de vehículos previsto permitirá reducir anualmente la emisión de 200.000 toneladas de CO2, ahorrar 80 millones de litros de combustible y recortar las importaciones de petróleo en 56 millones cada año. En términos de seguridad vial, el Vive propiciará 2.000 accidentes menos y reducirá en 3.000 el número de heridos y fallecidos.

La aprobación del Vive fue recibida con un sabor agridulce por parte del sector, que esperaba un plan más ambicioso. En líneas generales las asociaciones lo consideran «mejor que nada», aunque temen que los límites crediticios impuestos por las entidades bancarias encargadas de financiarlo limiten su alcance y efectividad. En esta línea se expresaron el director general de Anfac (fabricantes), Luis Valero, y el presidente de Faconauto (concesionarios), Antonio Romero-Haupold, que pidieron agilidad a los bancos. Por su parte el presidente de Aniacam (importadores), Germán López Madrid, se mostró agradecido al ministro Miguel Sebastián por «resucitar un plan de rejuvenecimiento del parque que no tenía visos de continuidad».

El Gobierno se ha propuesto plantar cara definitivamente al coste que suponen para el Estado las prejubilaciones y, además, entrar de lleno en una reorganización de la prestación de viudedad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentó ayer en el Congreso seis puntos esenciales para una nueva reforma de la Seguridad Social que vienen a reunir todas las propuestas que durante los ultimos cinco años se han quedado en cartera.

Corbacho compareció a petición propia en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo para dejar muy claro que el Gobierno quiere "acabar con la cultura de las prejubilaciones". Aunque el número de jubilaciones anticipadas ha disminuido en los ultimos años, esta reducción es insuficiente para el ministro. Corbacho manifestó en el Congreso que no es partidario de alargar la edad legal de jubilación --hoy establecida en 65 años-- como han hecho otros países europeos, pero su intención es que ningún trabajador pase al retiro antes.

En España, la edad media de jubilación real oscila entre los 62 y los 63 años pero hay empresas que obligan a sus trabajadores a prejubilarse entre los 52 y los 58 años acogiéndose primero al seguro de paro y luego a la jubilación anticipada a los 60. Esta práctica supone un alto coste para el Estado, máxime cuando la esperanza de vida de los españoles supera los 80 años.

El Gobierno no considera bueno que los empleados abandonen el mercado laboral tan pronto ni que este fenómeno esté "socialmente justificado" porque supone "prescindir de un caudal de sabiduría", dijo el ministro. Sin embargo, entiende que, en determinadas situaciones de crisis en un sector, el pase al retiro anticipado pueda estar justificado. Por eso, Corbacho quiere que el Pacto de Toledo limite las prejubilaciones a los casos en que sea imprescindible.

El ministro tampoco quiere pasar página sobre otras reformas pendientes. Es el caso de la pensión de viudedad que, en la pasada legislatura, la Seguridad Social y los agentes sociales quisieron limitar a aquellas viudas que realmente lo necesitan. La polémica que suscitó la propuesta obligó al Gobierno a aparcar esta reforma pero Corbacho, de nuevo, la propuso ayer a los partidos políticos integrantes del Pacto de Toledo.

El ministro quiere que la pensión de viudedad "reconozca la nueva realidad social" donde muchas mujeres trabajan y generan su propia prestación contributiva de jubilación y no necesitan de la de viudedad. Esto no es óbice para mejorar las pensiones de aquellas viudas que no tienen otros ingresos para subsistir como recientemente acordó con CiU y se aprobó en el Congreso.

Corbacho también propuso ayer terminar la reforma de la Seguridad Social e integrar en el Régimen General a los agricultores y a las empleadas del hogar. Es intención del ministerio que en el futuro solo existan dos regímenes, el de asalariados y el de trabajadores autónomos.

Asimismo, el ministro dejó caer que se debería "reflexionar" sobre el principio de contributividad de las pensiones de jubilación dejando abierto el debate para tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular su pensión.

Otro de los temas que Trabajo ha rescatado del olvido es la vieja idea de crear una Agencia de la Seguridad Social, similar a la Agencia Tributaria. Esta propuesta, que surgió en los gobiernos del PP, fue abortada por el Ministerio de Economía que dirigía Rodrigo Rato.

Por último, el ministerio quiere impulsar el trabajo de todos los colectivos, incluido el de los incapacitados, y facilitar más las situaciones en las que se compatibiliza el cobro de una prestación con el desempeño de un empleo remunerado.

El ministro envió un mensaje a los partidos políticos avisándoles de que son inútiles los celos. Da igual que estas reformas se pacten primero en el diálogo social o primero en el Pacto de Toledo porque lo esencial es que salgan adelante.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido hoy en su página web una nota explicativa sobre las cuotas participativas, en la que señala que son valores de renta variable similares a las acciones pero más complejas.

La CNMV ha publicado esta información después de que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) aprobara el pasado 22 de mayo la emisión de cuotas participativas, con lo que será la primera caja de ahorros española que emita estos títulos.

En una nota incluida en el Rincón del Inversor de su página web (www.cnmv.es), la CNMV explica las diferencias y similitudes entre las cuotas participativas y los valores de renta variable.

Así, las cuotas, al igual que las acciones, se pueden comprar y vender en bolsa, dan derecho al dividendo que la entidad acuerde repartir cada año y su valor corresponde a un porcentaje del patrimonio del emisor.

Sin embargo, al contrario que las acciones, las cuotas no otorgan derechos políticos a sus partícipes.

Además, el dividendo que recibirán los partícipes será "proporcionalmente superior" al que recibirá la Caja, de modo que los "cuotapartícipes" perderán participación relativa en los beneficios futuros de la entidad.

Por lo que respecta a la idoneidad de los partícipes, la CNMV recuerda que la CAM va a realizar a sus clientes un test que le permitirá valorar sus "conocimientos y su experiencia inversora".

Además, indica la CNMV, la Caja, que es a la vez emisora y comercializadora de estos valores, deberá informar a sus clientes de los posibles "conflictos de interés".

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros once medidas para impulsar la actividad económica de las empresas y reducir las cargas administrativas que soportan. Además, el ejecutivo también ha dado validez al nuevo Plan Vive con el que se pretende estimular las compras de vehículos de coches eficientes energéticamente.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega después de finalización del Consejo de Ministros, que ha explicado que el plan persigue reducir en un 30%, en el horizonte de 2012, las cargas que afectan a las empresas. El objetivo es minimizar las cargas especialmente a las pymes, derivadas de la normativa vigente, superando así el objetivo del 25% fijado por la Unión Europea.

Las iniciativas más destacadas van desde la implementación de medios telemáticos en sustitución del papel, hasta la reducción de plazos en la tramitación de expedientes. Estos procedimientos involucran a los ministerios de Economía y Hacienda; Interior; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; y Administraciones Públicas; y forman parte del Plan de Reducción de Cargas Administrativas y de Mejora de la Regulación, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan Vive, que sustituye al antiguo Plan Prever en sus objetivos de renovar el parque automovilístico para facilitar la mejora del impacto medioambiental y las estadísticas de seguridad vial.

El nuevo plan tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2010 y afectará a los usuarios que entreguen para el achatarramiento su vehículo viejo de más de quince años de antigüedad para comprar otro nuevo con emisiones limitadas de dióxido de carbono a 120 gr/km, y hasta 140 gr/km, si suma medidas de seguridad.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha explicado que este plan está destinado también a ayudar al sector automovilístico, estimulando ventas, y a las familias, para facilitar la compra de coche con subvención de los tipos de interés. A su vez, el ministro de Industria, Miguel Sebastian, ha explicado algunos de los puntos básicos de la nueva ayuda y que se resumen en que los primeros 5.000 euros del vehículo comprado tendrán tipo de interés cero y será aplicable a un coche de precio de venta al público de menos de 20.000 euros.

Además, Sebastian ha asegurado que el tipo real de la compra del coche estará por debajo del euribor e incluso por debajo del 5%, al tiempo que calculó el importe de esa ayuda en 1.040 euros por vehículo. El periodo de amortización del préstamo será el que establezcan el beneficiario y la entidad de crédito, con un plazo máximo de cinco años, y se podrá amortizar sin penalización.

La decisión del Supremo constituye una gran victoria de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés) y de cientos de organizaciones de cazadores y amantes de las armas. Pero también es un triunfo para millones de ciudadanos estadounidenses, muchos ellos atormentados por entornos criminales, que no conciben su vida sin una pistola al lado para proteger a su familia. Un 61% de los lectores que ayer entraron en la página web de un periódico de centro-izquierda como The Washington Post respaldó la decisión del Supremo.

A grandes rasgos, la afición a las armas de fuego se corresponde con el grupo de ciudadanos más conservadores, mientras que los que se definen como más progresistas defienden su prohibición. Pero, en realidad, éste es un asunto que desborda las barreras ideológicas y que está profundamente enraizado en la naturaleza de esta nación y su fe en la libertad individual. De hecho, tanto el candidato demócrata, Barack Obama, como el republicano, John McCain, respaldaron ayer, con leves diferencias de tono, la decisión del Supremo.

"Es una victoria histórica", manifestó McCain. "Siempre he creído en el derecho de los individuos a poseer armas, pero también me identifico con la necesidad de las comunidades arrasadas por la violencia", declaró Obama.

El Supremo se pronunció (cinco a cuatro) en contra de la ley vigente desde 1976 en la ciudad de Washington, distrito de Columbia, que prohíbe la compra y posesión de armas. De esta manera, se corta cualquier intento de extender esa prohibición a otras ciudades y se sienta el principio sobre el que deben orientarse a partir de ahora las leyes al respecto.

Ese principio es el del derecho individual de los ciudadanos, no sólo de los colectivos, a poseer armas. Esta capacidad era cuestionada por algunos sobre la base de que la enmienda constitucional en la que se ampara, aprobada en 1791, no es suficientemente clara al respecto. La segunda enmienda de la Constitución estadounidense dice literalmente: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

La polémica sobre cómo interpretar esa frase se ha prolongado aquí durante años. El Supremo sentenció ayer que los padres fundadores querían claramente garantizar el poder de cada estadounidense a tener armas. "La Constitución no autoriza la prohibición a tener armas de fuego en casa para la autodefensa", escribió el juez Antonin Scalia en nombre de la mayoría.

Con ese matiz, los jueces que firmaron la decisión de ayer aceptan, sin embargo, el poder de los legisladores y los Estados a limitar el derecho a portar armas fuera del perímetro del hogar. Sobre esto, así como sobre el tipo de armas permitidas, existe toda una amplia variedad normativa en diferentes partes del país.

Mucha de la legislación restrictiva sobre las armas puede, no obstante, verse ahora amenazada. Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo de la NRA, declaró ayer que la sentencia del alto tribunal es "el pistoletazo de salida de un proceso para librar a los ciudadanos de toda una serie de leyes que han venido privándoles de su libertad". La NRA ha anunciado varias iniciativas para denunciar ante los tribunales las medidas vigentes en algunas ciudades, como Chicago o San Francisco, que dificultan la posesión de armas.

Para los contrarios a esa tradición, lo que el Supremo ha hecho ha sido abrir la puerta para más violencia. "Creo que la población de este país estará menos segura a partir de ahora", comentó la senadora demócrata de California Dianne Feinstein.

Cerca de 30.000 personas mueren al año en EE UU por armas de fuego, aunque en más de la mitad de los casos se trata de suicidios o accidentes. En el 40% de los hogares estadounidenses hay un arma de fuego, de las que se venden cada año cuatro millones. Se trata de un fenómeno, por tanto, muy extendido y aceptado por la población. El vecino más respetable del barrio más burgués puede tener una magnum en su mesilla de noche.

Muchos estadounidenses son conscientes de la rareza de esta práctica, pero la ven relacionada con su carácter individualista y rebelde, no con la tradición de violencia con la que nacieron y con la que se extendieron hacia el oeste. "¿Qué país puede preservar sus libertades si sus gobernantes no son advertidos de vez en cuando de que su pueblo conserva el espíritu de resistencia? ¡Dejadles tener armas!", escribía Thomas Jefferson en 1787. Hoy, un 72% de la población respalda esas palabras.

La decisión de permitir el matrimonio entre homosexuales fue tomada el pasado 15 de mayo por el Tribunal Supremo del Estado, que declaró ilegal una norma de 1977 que establecía que el matrimonio es "la unión de un hombre y una mujer". El gobernador Arnold Schwarzenegger, republicano, reconoció que tendrá que "respetar la decisión del Supremo y velar por su cumplimiento".

Cientos de parejas homosexuales se disponen a acudir a los ayuntamientos de los condados californianos para darse el sí quiero y rellenar la licencia matrimonial en la que nunca más volverá a aparecer las palabras novio y novia, sino parte A y parte B. Los condados de San Francisco y West Hollywood, donde vive una influyente y numerosa comunidad gay, han casado a una pareja cada uno, para dar el pistoletazo de salida para que hagan lo propio el resto de condados.

Está previsto que el martes se celebren concentraciones delante de diferentes oficinas de tramitación antes de su apertura al público, en un acto simbólico para festejar un momento histórico en la vida de muchas personas. Incluso, quienes lo deseen, contarán con jueces dispuestos a oficiar una boda exprés en el mismo lugar donde se entregan las solicitudes.

El matrimonio homosexual está prohibido en 45 Estados de la Unión, pero Nueva York anunció hace semanas que reconocería las bodas entre personas del mismo sexo celebradas en otros Estados, una decisión interpretada por muchos como el paso previo a autorizar esas uniones en su jurisdicción. "Si las bodas celebradas fuera de Nueva York van a ser reconocidas, estoy seguro que no pasará mucho tiempo antes de que los neoyorquinos puedan casarse en su propio Estado", ha dicho el actor George Takei, conocido por su papel de Mr. Sulu en la serie de ciencia-ficción Star Trek, y que ultima los preparativos para casarse con su mánager y novio de toda la vida, Brad Altman.

El alcalde de San Francisco, el demócrata Gavin Newsom, cuya decisión de comenzar a casar parejas del mismo sexo en 2004 sirvió de desencadenante para la batalla judicial que ha culminado con la autorización definitiva, ha oficiado este mismo martes la boda entre Del Martin y Phyllis Lyon, dos mujeres octogenarias que llevan juntas más de 50 años y que ya celebraron ante Newsom su primera unión hace cuatro años, antes de que el mismo tribunal que ahora les permite casarse declarara ilegales las licencias expedidas por el alcalde.

Numerosas organizaciones conservadoras y religiosas, que consideran que los jueces se extralimitaron en sus funciones, esperan contratacar el próximo noviembre cuando los californianos están llamados a votar para cambiar la constitución del Estado, en la que todavía se define el matrimonio como "la unión de un hombre y una mujer".

Los siete obispos católicos que tiene Los Ángeles han advertido este mismo lunes que el matrimonio "tiene un único lugar en la creación divina, la unión entre un hombre y una mujer".

"Afortunadamente, aunque la Corte Suprema ignoró el requisito constitucional sobre restricción judicial, la Corte de Apelaciones puede restaurar el respeto por la ley y prevenir el caos legal de los 'matrimonios' del mismo sexo", ha afirmado, por su parte, Randy Thomasson, presidente de la asociación Campaign for Children and Families.

Este grupo es uno de los que apoya la petición del Liberty Counsel, organización sin ánimo de lucro experta en litigios que defiende la "santidad de la vida humana y la familia tradicional", según se define en su propio portal de internet, para revocar la autorización judicial de las bodas gays.

En su apelación, el Liberty Counsel solicitó que no se tramite ninguna licencia de enlaces entre personas del mismo sexo hasta que no se modifique la definición de matrimonio que recoge la constitución del Estado, algo que, argumentan, corresponde a los legisladores y no a los jueces.

Con todo, la aceptación de los matrimonios gays ha crecido considerablemente en la sociedad estadounidense, muy conservadora en asuntos morales. Aún así, sólo un tercio de los estadounidenses defienden que debe de ser legalizado, según una encuesta divulgada recientemente por la CBS. Otro tercio se opone frontalmente a dichas uniones.